El laberinto de la reconstrucción en La Guaira: Cómo la zonificación urbana legalizó el riesgo en el litoral central

A más de dos décadas del deslave de Vargas, una tragedia que marcó la geografía física y emocional de Venezuela, el debate sobre la gestión de riesgos socioambientales sigue abierto, no por falta de diagnósticos, sino por la incapacidad crónica del Estado para traducir la ciencia en políticas públicas sostenibles.

En un reciente panel de discusión que reunió a destacadas investigadoras y planificadoras del país, tales como Ariana Tarhan y Virginia Jiménez, se expuso una cruda realidad: la vulnerabilidad del territorio no es una fatalidad de la naturaleza, sino una construcción social, legal e institucional perfectamente documentada que se sigue ignorando de manera sistemática.

El pasado 6 de julio, en una entrevista televisiva, el presidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo García Carrasquero, expuso que la reconstrucción definitiva de La Guaira requerirá de profundas auditorías técnicas, que incluyen evaluaciones viales, de muelles y rigurosos estudios de suelo y sismología.

La legalización del riesgo: el caso de San Julián

Uno de los puntos más críticos abordados durante el encuentro con las ingenieras Tarhan y Jiménez, fue la contradicción histórica entre la planificación ambiental y la zonificación urbana. Las especialistas recordaron el emblemático caso de la quebrada San Julián, en el estado La Guaira (antiguo estado Vargas). A finales de la década de 1970, mientras los estudios técnicos advertían sobre el peligro inminente de habitar los abanicos aluvionales, las ordenanzas municipales de la época terminaron legalizando el riesgo.

La zonificación pre-desastre no solo permitió, sino que incentivó la construcción de desarrollos residenciales multifamiliares, escuelas y centros asistenciales al borde mismo de los cauces. Este divorcio entre la geología y la ley demuestra que la ocupación del territorio ha respondido históricamente a presiones económicas y clientelares, dejando de lado los criterios básicos de seguridad de la población.

La “tiranía del tiempo” y el divorcio político-técnico

El debate científico sacó a la luz lo que las investigadoras denominaron “la tiranía del tiempo”, un fenómeno sociopolítico que colapsa cualquier intento de planificación estructural. En la gestión del territorio confluyen tres temporalidades completamente asíncronas:

*El tiempo técnico: Es el que requieren los científicos para realizar estudios rigurosos, como una microzonificación sísmica, un proceso que no se puede improvisar y que toma un mínimo de nueve meses de mediciones y modelados de campo.

*El tiempo político: Caracterizado por la urgencia electoral y la necesidad de proyectar soluciones inmediatas. Los tomadores de decisiones presionan por resultados instantáneos, pero paradójicamente, una vez que reciben los estudios técnicos, las ordenanzas municipales pueden tardar entre cuatro y nueve años en ser aprobadas formalmente.

*El tiempo social: La urgencia de los afectados. Las familias que lo han perdido todo no pueden esperar años en refugios temporales o zonas de tránsito. Ante la lentitud del Estado, las comunidades suelen retornar a las zonas de peligro en un lapso de tres a seis meses, debido a que sus medios de vida, empleos y redes de apoyo están anclados a ese territorio.

Esta desconexión temporal provoca que para cuando el andamiaje legal e institucional reacciona, la realidad social ya ha desbordado y reocupado los espacios de riesgo.

Instituciones “muleta” y la pérdida de la memoria histórica

Otro de los grandes diagnósticos compartidos fue el fracaso de las llamadas “instituciones muleta”, tales como Corpovargas o la Autoridad Única de Área, creadas para atender la emergencia del año 1999. Si bien estas corporaciones centralizadas nacieron para agilizar recursos, terminaron desplazando y debilitando las competencias de las alcaldías y gobernaciones locales.

El verdadero drama ocurrió con su disolución. En lugar de transferir el conocimiento, los mapas y las capacidades técnicas a los gobiernos locales permanentes, las oficinas se desmantelaron. La pérdida de esta memoria técnica e histórica dejó a las municipalidades sin archivos clave, obligando a las nuevas administraciones a empezar prácticamente desde cero en cada periodo gubernamental.

El desafío de la gobernanza

Ante el vacío dejado por el Estado, las ponentes rescataron el rol protagónico que han asumido las organizaciones no gubernamentales, las universidades y la sociedad civil organizada. Durante los últimos años, han sido estas agrupaciones las que han mantenido a flote la gestión local del riesgo, capacitando a las comunidades y levantando información de primera mano.

Sin embargo, el reto principal sigue siendo la articulación. Las investigadoras coincidieron en que Venezuela no sufre por falta de talento o de estudios básicos; de hecho, instrumentos de vanguardia como la microzonificación sísmica de Caracas —aprobada técnicamente en 2009— existen, pero las ordenanzas municipales derivadas de ellos simplemente no se aplican.

La conclusión del panel es un llamado urgente a transitar hacia una gobernanza territorial anticipatoria. Solo a través de un consenso social que integre a las universidades, expertos, comunidades y tomadores de decisiones bajo una visión descentralizada, se podrá romper el ciclo de reconstruir el desastre sobre el desastre. Mientras la ciencia siga engavetada por la prisa del poder, el territorio venezolano continuará siendo un escenario a la espera de la próxima emergencia evitable.

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