Máxima tensión en Uruguay: Lacalle es acusado de espiar opositores mientras una Fiscalía lo protege del caso Astesiano

El ex jefe de custodios de Lacalle Pou fue implicado en una causa de espionaje internacional que podría salpicar al presidente. La oposición pide su renuncia.

La trama de corrupción y extorsiones en la Casa Presidencial de Uruguay pasó de una nota de color en programas de chimentos a uno de los casos más virales de los últimos tiempos en el país oriental.

El medio opositor La Diaria reveló que una empresa de “seguridad e investigación” con sede en Miami le encargó al exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, el detenido Alejandro Astesiano, que espiara y elaborara “fichas” de dos senadores del Frente Amplio, Mario Bergara y Charles Carrera.

Astesiano está preso desde septiembre luego de que lo imputaran por la falsificación de documentos para otorgarle la ciudadanía a clientes de orígen ruso. Lacalle aseguró que no tenía conocimiento de los hechos, y no intentó defenderlo cuando las autoridades se lo llevaron preso.

Sin embargo, rápidamente salió a la luz que su ex ministro del Interior, el fallecido Jorge Larrañaga, le había advertido sobre los actos criminales de su jefe de seguridad, pero Lacalle decidió ignorarlos.

La situación por el momento había sido aceptada al menos en el inconsciente colectivo como un severo caso de negligencia por parte del presidente pero nada más. Pero ahora se lo acusa a Lacalle de buscar extorsionar a sus opositores a través de su jefe de asesores.

La maniobra, según relató el diario uruguayo, estaba destinada a extorsionar a ambos legisladores para que retiren una denuncia sobre la concesión del puerto de Montevideo a la empresa belga Katoen Natie. Cinco meses después, Alejandro Astesiano habría recibido una transferencia de dinero de esa compañía, también interesada en la compra de dos patrulleros para la Armada. 

En la dirección de la empresa estadounidense figura un militar retirado uruguayo como gerente, y su nombre aparece en uno de los chats de Whatsapp (el #798) que la Policía Científica logró recuperar del celular del exjefe de la seguridad presidencial durante su investigación por la falsificación de documentos.

“Necesito todos los datos personales y vinculaciones que me puedas conseguir”, se lee en uno de los mensajes que difundió La Diaria. En la primera semana de agosto, según revela otro de los chats, Astesiano recibió una transferencia de dinero por Western Union desde la compañía ubicada en la ciudad de Boca Ratón, unos setenta kilómetros al norte de Miami.

La Diaria reveló también que entre febrero y septiembre, además, esta empresa le solicitó a Astesiano “información sobre varios asuntos vinculados a la Torre Ejecutiva, como la compra de dos patrulleros oceánicos para la Armada Nacional, la adquisición de aviones para la Fuerza Aérea Uruguaya y hasta detalles de una reunión que mantuvo en marzo el presidente Luis Lacalle Pou con el chino-canadiense Changpenz Zhao, fundador y CEO de Binance”, uno de los sitios de compraventa de criptomonedas más importantes a nivel mundial.

La empresa, llamada Vertical Skies, se presenta en su sitio web como una consultora global con más de 30 años de experiencia y operaciones en más de 50 países. Se exhibe como una compañía dedicada a los rubros de “seguridad, investigación, prevención, gestión de riesgos, negocios, inversiones, tecnología aplicada al crecimiento y rendimiento empresarial, mediante el uso de inteligencia artificial, nanotecnología y sensores operados remotamente”.

Los clientes de Vertical Skies son todos de alto perfil, y asegura trabajar activamente con firmas como Microsoft y organizaciones como las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Ejército de Estados Unidos, Interpol, y varios gobiernos de América Latina, Europa y Medio Oriente.

Lo que se está intentando saber, y lo que la justicia sin dudas deberá determinar, es si Vertical Skies opera en nombre de Lacalle Pou, siendo una suerte de extensión de la Presidencia para espiar a sus opositores, o si tampoco tenía idea de la existencia de esta empresa y de su injerencia en su propio gobierno.

El Frente Amplio le exigió este martes al gobierno de Lacalle Pou que repudie las “prácticas mafiosas de extorsión” contra sus senadores, y sugirió la posibilidad de impulsar un impeachment contra el mandatario para que la justicia lo pueda investigar sin entrar en conflicto con su actual mandato.

Esto fue en respuesta a la decisión de la fiscal Gabriela Fossati quien no exigió incorporar los chats entre Astesiano y Lacalle en la investigación en curso sobre la organización criminal que integraba el excustodio. Esto se entendió o como un encubrimiento del mandatario o como una decisión política para no interferir con asuntos de Estado mientras Lacalle ocupa la silla presidencial.

“El requisito que me indicaron desde Presidencia para hacer una entrega voluntaria del celular es que no estuvieran los mensajes del presidente con Astesiano y teniendo en cuenta su investidura me pareció totalmente razonable“, aseguró la fiscal.

Según el mandatario, a Fossati se “le ha brindado toda la información que requiere y se le va a dar todavía más, toda la que pida; hay que hacerlo”. Algo que se contradice con lo anunciado por la justicia, quien accedió a un acuerdo informal para prescindir de los chats del Presidente con su excustodio en la investigación.

“Hay que darle toda la información y que termine el caso, y que después se sepa toda la verdad. El gobierno no tiene cola de paja, nosotros no tenemos cola de paja, estamos tranquilos con lo que hicimos. Una vez más: me puedo equivocar, capaz que más de una vez -ojalá que no, por el bien de Uruguay-, ahora, ¿hacer las cosas mal, fuera de la ley? No. Entonces me parece que en este tema, como en todos, hay que ir hasta el hueso”, aseguró Lacalle.

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