A pesar de las denuncias, Díaz-Canel insiste en que no hay presos políticos en Cuba

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Miguel Díaz-Canel afirmó durante un encuentro con integrantes de la procastrista Caravana de Pastores por la Paz que en Cuba no hay presos políticos, al tiempo que volvió a calificar a las protestas ciudadanas como «disturbios».

Díaz-Canel dijo ante el grupo de religiosos estadounidenses que «no hay presos políticos en Cuba» y afirmó que en la isla hay «personas que pueden manifestarse libremente» en contra de la revolución.

Dijo, además, que «los que salieron el 11 de julio a tirar piedras, a actuar contra el pueblo, a saquear, en cualquier lugar del mundo estuvieran presos, pero no porque se oponen a la revolución, sino sencillamente porque cometieron delitos contra el patrimonio y el orden interior».

Sobre la convocatoria del 15N, Díaz-Canel la calificó como un fracaso y añadió que sus promotores se «cogieron el dedo con la puerta», en medio de expresiones de aprobación de Gail Walker, hija de Lucius Walker, fundador de Pastores por la Paz, presente en el encuentro.

La marcha del 15N, que no fue autorizada por el régimen, se vio frustrada por un gran despliegue de fuerzas de seguridad en las principales ciudades de la isla, así como acciones individuales contra activistas, opositores y periodistas independientes.

Para el activista cubano Mag Jorge Castro, quien compartió en Twitter el video con un resumen de las declaraciones de Díaz-Canel, «hay que tener la cara de cemento» para decir que «manifestarse contra la ‘revolución’ es legal y permitido».

«Ayer Díaz-Canel afirmaba que en Cuba nadie sufría consecuencias por manifestarse contra la revolución… hoy hace un año un joven se encuentra en prisión por caminar con un cartel por una calle de La Habana y ni siquiera tiene fecha de juicio… No se puede tener la cara tan dura», dijo Jorge Castro en otro tuit en referencia a la prisión política de Luis Robles.

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El régimen cubano niega rutinariamente y públicamente la existencia de presos políticos. Se sirve de delitos comunes recogidos en el Código Penal para llevar a las voces disidentes a la cárcel. Se encarga de presentarlos como criminales a través de campañas de desprestigio en los medios oficiales.

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