«Operación Imeri», el rescate clandestino que estaría planeando Brasil para extraer a Maduro

En los círculos cerrados de Itamaraty, en despachos secretos, comenzó a susurrarse una frase: «Operación Imeri». El nombre, tomado de la cordillera que divide Brasil y Venezuela por tramos casi inhóspitos de la Amazonía, simboliza el punto de contacto entre dos realidades distintas: por un lado, la democracia aún imperfecta, pero «próspera» de Brasil; por el otro, la autocracia criminal y narcoterrorista de Nicolás Maduro, cuyo régimen se basa en la corrupción, la represión tiránica y las alianzas con carteles transnacionales.

Por Felipe Gonzales Saraiva da Rocha | DefesaNet

La concepción de la operación no surgió por casualidad, sino como una respuesta directa al cerco progresista realizado por Washington contra el narcoterrorismo en América Latina. En agosto de 2025, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de tres destructores de misiles guiados en el sur del Caribe, acompañados por un contingente de unos 4 mil militares estadounidenses. Oficialmente, la medida fue anunciada como parte del recrudecimiento de la guerra contra el narcotráfico; en la práctica, fue un mensaje inequívoco: Estados Unidos no aceptará que el llamado Cartel de los Soles, disfrazado de gobierno venezolano, siga transformando al país en una plataforma continental para la exportación de cocaína a Norteamérica y Europa.

Nicolás Maduro, ya clasificado como narcoterrorista en documentos oficiales de Washington, ha sido nombrado como el líder central de esta red criminal, con pruebas contundentes de su vínculo directo con el cártel de Sinaloa en México y el grupo paramilitar venezolano Tren de Aragua. La recompensa por su captura se elevó a cincuenta millones de dólares, un umbral reservado solo para figuras del terrorismo global, lo que refuerza la opinión de Estados Unidos de que Maduro no es un jefe de Estado, sino un criminal internacional que debe ser neutralizado.

El asedio estadounidense provocó reacciones inmediatas en Caracas, exponiendo la verdadera fragilidad del régimen. En discursos televisados, Nicolás Maduro movilizó a más de cuatro millones de milicianos, incitó a civiles armados y activó sistemas de defensa aérea de origen ruso, al tiempo que ordenó al general Domingo Hernández Lárez, comandante del Comando Estratégico Operacional de la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana), elaborar planes de contingencia para enfrentar una intervención legítima liderada por Estados Unidos.

A su lado, el almirante Remigio Ceballos Ichaso, ministro del Interior y pieza clave en el mantenimiento de la dictadura, reforzó el discurso de resistencia contra el «imperialismo», tratando de enmascarar el colapso estructural de su gobierno. Detrás del tono marcial, sin embargo, se reveló la realidad: Venezuela enfrenta un profundo colapso económico, una pérdida total de legitimidad internacional y graves divisiones internas en las Fuerzas Armadas, muchas de las cuales ya no ven futuro en apuntalar a un régimen conocido por ser criminal y narcoterrorista.

Es en este contexto que surge la Operación Imeri, concebida como un plan de evacuación selectiva. Las discusiones iniciales tuvieron lugar entre el canciller Mauro Vieira y el venezolano Yván Gil, en reuniones aparentemente banales al margen de la cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA/CELAC), en Bogotá, los días 21 y 22 de agosto de 2025. Oficialmente, los dos discutieron la cooperación fronteriza y la integración económica. Extraoficialmente, con la mediación de asesores militares, se habría planteado la posibilidad de extraer a Maduro y parte de su liderazgo, entregándolos a la custodia de Brasil antes de que cayeran en manos del Comando Sur o de grupos armados de resistencia.

El plan tiene dos vertientes complementarias. El primero, de carácter ostensible, movilizaría doce activos navales y aeronavales de la Marina de Brasil, entre ellos el Portahelicópteros Multipropósito Atlántico, fragatas clase Niterói y el buque portuario Bahía. Esta fuerza, apoyada por destacamentos de Operaciones Especiales del Batallón de Operaciones Especiales de Infantería de Marina (BtlOpEspFuzNav) y el Grupo de Buzos de Combate (GruMeC), podría establecer un corredor de evacuación marítima. Formalmente, de acuerdo con la Constitución Federal, el envío de tropas brasileñas al exterior en operaciones bélicas/conflictivas u ofensivas depende de la autorización previa del Congreso Nacional. Sin embargo, la maniobra política del gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva sería clasificar la operación no como una intervención o acción bélica, sino como un ejercicio militar combinado en aguas internacionales.

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