¿Purga en el TSJ?: Régimen de Nicolás Maduro busca sacar a magistrados ante la mirada de la CPI

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El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela anunció que se prepara para «discutir» una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que buscaría reducir el número de magistrados que integran las distintas salas, “para que pueda darse un menor manejo” de la institución.

El anuncio de Jorge Rodríguez, realizado este 22 de diciembre por la tarde, llama la atención por varios elementos.

Primero, porque según Rodríguez la propuesta provino del mismísimo tribunal en boca de su presidente, Maikel Moreno, pero tres magistrados consultados por Crónica.Uno dijeron estar completamente sorprendidos por el anuncio.

Segundo, porque en el año 2004, cuando se aumentó el número de magistrados de 20 a 32, el argumento fue similar al empleado ahora para reducirlo: hacer más eficiente al máximo tribunal.

Tercero, porque la reinstitucionalización del Poder Judicial era el tema que, a propuesta de la delegación de la Plataforma Unitaria en las negociaciones de México, debía comenzar a discutirse en la ronda de negociaciones del 24 de septiembre o a más tardar en la del 16 de octubre, justo el día que la delegación de Nicolás Maduro se retiró de las conversaciones.

Y cuarto, porque la prisa en presentar esta reforma, fuera de la mesa de México, podría estar relacionada con la presión que el régimen de Nicolás Maduro está recibiendo de la Corte Penal Internacional, que le ha exigido conformar un poder judicial creíble e independiente, capaz de juzgar por sí mismo a altos funcionarios señalados por crímenes de lesa humanidad.

Secretismo, distracción y sorpresa

Magistrados consultados por Crónica.Uno dijeron desconocer el contenido de la reforma. Foto cortesía @TSJ_Venezuela

Dos magistrados principales del TSJ y uno suplente, consultados por Crónica.Uno, dijeron que desconocen el texto de la reforma, desconocen el número de magistrados que se adoptará y desconocen el propósito de verdadero del recorte.

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“Este tema se está manejando con mucho secretismo”, dijo un magistrado. “Empiezan los rumores para mantener en ascuas al Poder Judicial. Muy propio de las tácticas de distracción”, señaló otro.

Un cuarto magistrado consultado, jubilado hace algunos años, no descarta que el PSUV haya emprendido esta reforma para “hacer espacio” e incorporar a altos jueces vinculados a los partidos de la Mesa Nacional de Diálogo o a los partidos que ya no hacen de oposición al PSUV.

Una reforma política

El abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, asegura que detrás de esta reforma del TSJ hay motivaciones políticas y no jurídicas, pues de lo contrario, todos los magistrados del tribunal estarían enterados de su contenido, y no es así.

“Esto no es por eficiencia, obviamente obedece a otras razones. Recordemos que fue justamente este tema de la reinstitucionalización del TSJ el que quedó pendiente en los diálogos de México, me parece que el PSUV está actuando adelantado para cuando se reanuden las negociaciones porque ellos han dicho que están dispuestos a reanudarlas en algún momento”, afirmó Daniels.

No descarta, incluso, que el madurismo esté intentando replicar la estrategia que aplicó con mucho éxito este año con la renovación del Consejo Nacional Electoral. Es decir, arrancar el proceso por su cuenta, poniendo a la oposición en el dilema de unirse y participar o quedar por fuera. Recordemos que la reinstitucionalización es también un reclamo de los principales aliados internacionales de la oposición en torno al G4.

Daniels no descarta que el PSUV esté “adelantando sus posiciones” para cuando toque hacer la redistribución de las salas y los magistrados, la oposición termine teniendo un número mucho menor del que aspiraba si se mantenía en 32 el número.

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“Tratan de hacer ver que este es un tema jurídico, convocan a una sesión extraordinaria del Parlamento, dicen que la propuesta proviene del tribunal, cuando en realidad esto es estrictamente político. Para mí, se engloba dentro del mismo maquillaje institucional de pretender que están haciendo cambios, pero que en el fondo, con 32 magistrados, con 20 o con el número que sea, el Poder Ejecutivo va a mantener el control sobre el TSJ”, vaticinó.

Lo que espera la CPI
Foto: cortesía HRW

El otro elemento que flota en el aire alrededor de la inminente reforma del TSJ tiene que ver con la apertura de una investigación de la Corte Penal Internacional por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, y la carta de entendimiento que este firmó en noviembre con el fiscal de la Corte, Karim Khan.

Esa carta compromete a Venezuela a “adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia” en el contexto del Estatuto de Roma, es decir, que el sistema judicial debe ser capaz de juzgar en el territorio a las personas señaladas por crímenes de lesa humanidad.

“Un indicador objetivo de que Venezuela apunta en esa dirección, es que se juzgue a las cadenas de mando señaladas por crímenes de lesa humanidad. Para ellos sería necesario abrir antejuicios de mérito, que son competencia de la Sala Plena. Pero sabemos que en Venezuela no hay antejuicio de mérito contra nadie por crímenes de lesa humanidad. Entonces, pueden reformar el TSJ todo lo que quieran, pero si ese TSJ no toma este tipo de medidas que son objetivamente las que pide el CPI, el cambio no cumpliría con los mandatos del estatuto de Roma”, afirma Daniels.

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Algo de contexto

Actualmente, el TSJ está compuesto por 32 magistrados principales (con sus respectivos suplentes), electos para mandatos de 12 años. En 2022 culminaría el mandato de al menos seis de ellos.

El más reciente nombramiento de magistrados lo hizo el PSUV desde la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, faltando horas para la culminación de esa legislatura, para impedir que la renovación parcial de los altos jueces quedara en manos de la nueva AN, dominada entonces por la oposición.

El procedimiento fue tildado de ilegal, no solo por lo rápido y por haber incorporado a magistrados sin las credenciales, sino porque además se violaron algunos procedimientos, como lo determinó en 2016 una comisión especial nombrada por la nueva Asamblea Nacional.

El artículo 8 de la Ley Orgánica del TSJ, que es el que sería reformado para reducir la composición del TSJ, según las palabras de Jorge Rodríguez, reza lo siguiente: “La Sala Constitucional estará integrada por siete magistrados o magistradas, y las demás Salas por cinco magistrados o magistradas. Cada una de las Salas tendrá un secretario o secretaria y un o una alguacil”

Además de la Sala Constitucional, las otras salas que integran el TSJ son: Administrativa, Electoral, Casación Civil, Casación Social y Casación Penal.

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