Boric lanza su reforma previsional para estatizar las jubilaciones de los chilenos y terminar con las AFP
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La reforma previsional del Gobierno socialista propone anular el rol actual de las administradoras privadas, para dar paso a una entidad estatal centralizadora. Se reducirá el peso del sector privado y se aumentarán los impuestos laborales a cargo de las empresas.
El presidente comunista Gabriel Boric anunció el lanzamiento de una reforma previsional estatizadora que busca limitar el rol del sector privado en la capitalización y el ahorro de los contribuyentes chilenos. Los cambios enunciados son los más importantes sobre el sistema de pensiones desde su creación en 1981.
Boric pretende eliminar la categoría legal de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y reemplazarlo por un sistema de control estatal y de contribución obligatorio que solo utilice al sector privado para las inversiones con todo el dinero recaudado, como la ANSES en Argentina.
A pesar de que la izquierda chilena no cuenta con mayoría parlamentaria en ninguna de las dos cámaras legislativas, y tanto la oposición como las AFPs expresaron un profundo rechazo al proyecto de ley, desde el Gobierno tienen la esperanza de convencer a suficientes congresistas de centro para aprobarla.
Las claves de la reforma previsional de Boric
Centralización de las cotizaciones y fin de las AFP
Hasta ahora, y desde la reforma de Pinochet aprobada en 1981, el sistema previsional chileno se sostenía sobre el aporte del 10% del sueldo mensual para un sistema de capitalización individual, en las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Este sistema dejará de tener vigencia si se aprueba la reforma. El proyecto supone la creación de un Administrador de Pensiones Autónomo (APA) de carácter estatal, que centraliza y monopoliza las tareas de afiliación de contribuyentes, recaudación de fondos y realización de pagos de beneficios capitalizados.
Estas tareas descritas eran realizadas por las AFP, pero perderán su rol administrativo con la reforma, en detrimento de un mayor peso del Estado. El sector privado seguirá teniendo injerencia en el sistema pero solamente bajo la función exclusiva de invertir los fondos y capitalizarlos, y no administrarlos y distribuirlos como hasta ahora. La transición para el fin de las AFP tendrá un plazo máximo de hasta 24 meses.
Los contribuyentes podrán mantener inalteradas sus cuentas de capitalización individual (CCI), pero lo harán bajo las nuevas reglas de juego del sistema, esta vez configurado bajo la etiqueta de “mixto” entre el sector público y el privado.
Aumento del rol del Estado en el sistema previsional
Aunque existirán entidades privadas que podrán invertir los fondos de los cotizantes, la reforma de Boric dispone la creación de un ente estatal llamado Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA), con participación para invertir los fondos en conjunto con las entidades privadas.
El IPPA será el inversor designado por default para todos los cotizantes chilenos, a menos que estos declaren explícitamente sus intenciones por enviar sus fondos a una entidad privada para que los administre mejor. En este sentido, habrá competencia entre la entidad estatal y las entidades privadas.
Fin de los multifondos y de la libertad de elegir
El esquema de “multifondos” sobre el sistema previsional que actualmente rige en Chile supone una garantía para que los contribuyentes puedan elegir libremente qué tipo de riesgo están dispuestos a tolerar, a cambio de mayores rendimientos futuros para sus haberes jubilatorios.
En otras palabras, hoy los cotizantes pueden elegir entre cinco tipos de riesgos (del A al E) para la inversión de sus ahorros. Mayor riesgo promete mayores tasas de retorno y viceversa.
La reforma de Boric anula por completo la libertad de elección, y se creará un sistema llamado “Fondos Generacionales” que asignará centralmente a cada persona una determinada regulación, indicando a qué tipo de riesgo será expuesta, considerando parámetros de sexo y edad.
Aumento de impuestos laborales para trabajadores y empleadores
Los trabajadores afiliados al sistema tendrán un aumento del 10% al 10,5% en la cotización obligatoria sobre su salario mensual. Supone un muy tenue aumento impositivo del 0,5%.
Pero para los empleadores el aumento de la carga fiscal será considerable. Las empresas deberán pagar una contribución del 6% sobre la remuneración de cada trabajador, adicional al 5% que ya pagan actualmente.
Este punto de la reforma de Boric fue especialmente polémico, ya que el aumento de los impuestos laborales desalienta la contratación en el sector privado formal, y la disminución de la formalidad amenaza con reducir también los aportes que efectivamente van al sistema previsional.
La reforma determina que los recursos recaudados por el nuevo impuesto patronal serán destinados al Fondo Integrado de Pensiones, de carácter estatal y colectivo, mediante el cuál se pagarán pensiones básicas no contributivas.
Pensiones no contributivas
El paquete de medidas comprende un aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) desde $193.917 hasta $250.000, un aumento por encima de las fórmulas de actualización que rigen actualmente.
El Estado chileno no utiliza recursos del sistema previsional para financiar el piso mínimo universal de pensiones, sino que utiliza su propia recaudación tributaria. El consiguiente aumento del gasto público que esto conlleva sería financiado a través de una reforma tributaria para subir los impuestos.
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