Argentina repondrá al embajador en Nicaragua tras las elecciones fraudulentas que garantizaron la reelección de Ortega

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El gobierno argentino resolvió reponer a su embajador en Nicaragua, Daniel Capitanich, luego de las elecciones calificadas por numerosos países como fraudulentas que garantizaron la reelección de Daniel Ortega.

El representante diplomático -que había sido llamado a consulta- llegará a la capital, Managua.

“La decisión se tomó porque el país se va de la OEA y necesitamos información de primera mano”, indicaron fuentes gubernamentales.

“El llamado a consultas del embajador Capitanich tuvo un propósito: expresar la disconformidad argentina con las detenciones de líderes políticos y nuestra preocupación sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua”, señalaron desde Casa Rosada.

En ese marco, teniendo en cuenta que ya se desarrollaron las elecciones presidenciales en ese país, que Argentina ya dejó sentada su posición y que la Asamblea de Nicaragua solicitó al presidente Daniel Ortega que retire a su país de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Gobierno argentino cree “necesario adoptar nuevas medidas para esta nueva etapa”.

Según se explicó, el Gobierno nacional considera necesario “el trabajo en el terreno del embajador argentino, con su apreciación para que mantenga informada a la Cancillería sobre la situación poselectoral y las derivaciones que pueda llegar adoptar el Consejo Permanente de la OEA respecto a Nicaragua”.

“La Argentina siempre apuesta al diálogo como salida y los embajadores son vitales para hallar soluciones eficientes y viables en la actualidad. El retorno del embajador Capitanich busca aportar a la identificación de caminos alternativos para solucionar la crisis entre todos los nicaragüenses”, sostuvieron las fuentes.

El presidente Alberto Fernández y el canciller Santiago Cafiero

Además, remarcaron la necesidad de “preservar” la relación bilateral, en el maco de la asistencia habitual al comercio y a los ciudadanos y empresas argentinas en Nicaragua, e informaron que se continuará colaborando con el pueblo nicaragüense en el marco de la pandemia de coronavirus, con la donación de vacunas que realizó la Argentina para los ciudadanos de ese país.

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El pasado 13 de noviembre, Alberto Fernández ejecutó un giro político en su política exterior en relación a Nicaragua: acompañó en la Asamblea General de la OEA un proyecto de Resolución avalado por Estados Unidos y otros 8 países que condena la farsa electoral montada por Daniel Ortega, cuando antes hacía prevalecer el principio de no injerencia en los asuntos internos de los países.

Es más, el 8 de noviembre, luego de los comicios, el gobierno argentino hizo una declaración pública en la que evitó condenar los comicios fraudulentos.

En un escueto comunicado, Cancillería manifestó que mantiene su “tradición diplomática de no injerencia en cuestiones internas”.

“A horas de haber finalizado el acto eleccionario, mantenemos nuestra tradición diplomática de no injerencia en cuestiones internas en otras naciones”, estableció en su párrafo central la declaración del ministerio encabezado por Santiago Cafiero.

“La República Argentina ratifica su histórico compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y apoya con firmeza el trabajo de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, respecto de la situación en Nicaragua”, consignó el comunicado.

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Además, el Gobierno argentino -en ese momento- reiteró su “preocupación ante la detención de dirigentes opositores” y “la necesidad de que el gobierno nicaragüense vele por el respeto de los derechos humanos de toda la población”.

“En Argentina entendemos que la democracia supone respetar la diversidad ideológica y la participación cívica sin proscripciones. Debemos acompañar al pueblo de Nicaragua para que cuanto antes recupere el diálogo y la convivencia democrática”, concluyó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores en ese momento.

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El mandatario sandinista obtuvo el 74,99% de los votos con el 49,25% de las urnas escrutadas, en unos comicios controlados y en los que todos los candidatos opositores fueron detenidos en los días previos a las elecciones.

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