Corte Suprema de Brasil ordena suprimir en redes sociales la noticia de que Lula está vinculado con la red narco PCC

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El juez lulista Alexandre de Moraes firmó una medida cautelar para multar a quienes publiquen la noticia real de que Lula recibió coimas de miembros del Primer Comando Capital (PCC).

El juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, a cargo de la “Causa Fake News“, ordenó a la Policía Federal (PF) que se encargue de borrar de las redes sociales la noticia que estalló la semana pasada sobre los vínculos entre el candidato presidencial Lula da Silva y la red criminal narco más grande de Sudamérica, el Primer Comando Capital (PCC).

Según el juez, que también preside el Tribunal Superior Electoral (TSE), la noticia es falsa y afecta electoralmente a uno de los candidatos, por lo que debe ser censurada. “La publicación de propaganda electoral negativa a través de noticias falsas, fuera de contexto o sin demostración de prueba alguna, es propagada a través de redes sociales y vehículos de comunicación que difunden materiales sesgados y parciales”, dijo el magistrado.

Con el objetivo evidente de disuadir a los ciudadanos brasileños de votar por el expresidente Lula, por el partido representativo, en una posible candidatura, lo que perjudica gravemente el equilibrio de la campaña electoral, más aún teniendo en cuenta que se hace a través de la desinformación noticiosa, graves y que lesionan el honor y la imagen del representante”, concluye.

La medida cautelar conlleva una multa por incumplimiento de R$ 10.000 por día que la publicación no sea eliminada, e incluye una previsión para que las personas que sepan de la existencia de la publicación y no la denuncien, pueden estar sujetos a una multa de hasta R$ 15.000.

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Esta acción desde la poltrona judicial es solo un capítulo más de la dictadura de la Corte Suprema que rige en Brasil, ante lo cual Jair Bolsonaro no puede hacer nada ya que el Congreso puede convocar un impeachment en su contra si intercede en las causas del máximo tribunal.

En una democracia, no es tarea de ningún Poder del Estado determinar qué es información verdadera y qué es información falsa. Pero con la causa “Fake News”, Moraes, un juez que llegó al poder durante el gobierno de Temer con el apoyo del partido de Lula, la Corte Suprema ha creado un estado policial que apunta contra la libertad de expresión.

Pero lo más insólito es que la noticia no es falsa. Como reportó La Derecha Diario el pasado 5 de julio, el escándalo comenzó luego de un testimonio ante la Policía Federal del publicista Marcos Valério, quien reveló la existencia de una recaudación ilegal de recursos durante los gobiernos de Lula y de Dilma para financiar al Partido de los Trabajadores (PT).

Según su declaración, el PT recibía clandestinamente dinero de empresas de colectivos, camioneros, casinos y juegos de bingo y lotería. En este último caso, las transferencias financieras al partido serían una forma de lavar recursos del PCC.

Pero la declaración va más allá. Valério contó que en un momento a Lula se le fue de las manos la situación, y terminó siendo extorsionado por los miembros de esta red criminal. En particular, Ronan Maria Pinto, un importante empresario del sector de transporte, logró sacarle dinero y favores políticos al entonces presidente Lula, amenazándolo que si no revelaría sus vínculos con el PCC.

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Marcos Valério, quien actualmente está condenado a 37 años de prisión por sobornar a legisladores durante el gobierno de Lula, no es el primero ni el único en evidenciar los vínculos del PT con el crimen organizado. Incluso CNN, medio que en Brasil opera para el PT, publicó una nota sobre el contador de Lula que es sospechoso de lavar más de tres millones dólares para el PCC por medio de la lotería.

En la cautelar, Moraes nombró 16 personas a los que instigó a inmediatamente borrar sus publicaciones en Twitter, YouTube y GETTR. Ellos son los diputados bolsonaristas Otoni de Paula, Carla Zambelli, y Hélio Lopes; el senador estatal Flávio Bolsonaro, hijo del presidente; los empresarios Carlos Eduardo Martins y Gilney Gonçalves.

También incluye a los propietarios de los medios Jornal da Cidade, José Pinheiro Tolentino; de Jornal Minas Sucede, Pedro Alencar Azevedo; y los responsables del canal DR Noticias, Políticabrasil24, Tío 2021, y Zaquebrasil, estos últimos no fueron identificados por sus nombres.

Por último, ordena censurar al asesor especial de Bolsonaro, Max Guilherme Machado Moura, y al tiktoker Cláudio Gomes de Carvalho, quienes también mencionaron la noticia en sus redes sociales.

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