El crimen organizado le roba la calma a Costa Rica

El 2023 ya es el año más violento en el país centroamericano desde que hay registros, con 777 homicidios hasta noviembre

Un hombre es baleado en la puerta de un hospital, otro en un cancha de fútbol donde jugaban varios niños y en una escuela se realizan simulacros de tiroteo: Costa Rica sufre una escalada de violencia por el crimen organizado ligado al narcotráfico.

El 2023 ya es el año más violento en este país centroamericano desde que hay registros, con 777 homicidios hasta noviembre, 238 más que en el mismo período de 2022, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ, policial).

Es un «cáncer» que «no fue detectado a tiempo», dijo a la AFP el ministro de Seguridad Pública (Interior), Mario Zamora. «Tenemos que evitar que haga metástasis», agregó.

Según una encuesta de la Universidad de Costa Rica, el 41,3% de las personas consultadas consideró la inseguridad y la delincuencia como su principal preocupación, 13,5 puntos porcentuales más que un sondeo realizado en septiembre.

«Es un hecho novedoso», afirmó el historiador Hugo Vargas.

Dos personas llegando en moto, un sicario que dispara y alguien muere. La historia se repite prácticamente cada día en las noticias.

«A cada rato hay muertes. Es lo que comemos en las noticias cada mañana desde que nos levantamos», declaró a la AFP Mario Rodríguez, jubilado de 74 años.

El septuagenario extraña la tranquilidad en un país que por mucho tiempo fue considerado un oasis en una Centroamérica que pasó de décadas de conflictos bélicos y civiles a la violencia del narcotráfico y las pandillas.

Lucha entre bandas en Costa Rica

Costa Rica es, como el resto de Centroamérica, puente de la droga que va de Suramérica hacia Estados Unidos y Europa.

En el camino, dinero, droga y armas refuerzan pequeños carteles cada vez más organizados.

Dos tercios de los homicidios son ajustes de cuentas en la disputa entre bandas por territorios para el mercado de drogas. El 81% de las muertes fueron cometidas con arma de fuego, a veces fusiles militares AK-47 o AR-15.

«No es una crisis generalizada de inseguridad», sostuvo Zamora.

El gobierno comenzó en mayo una operación anticrimen que desarticuló unas 10 estructuras criminales.

En la caribeña Puerto Limón (provincia de Limón, este), históricamente deprimida y donde la tasa de homicidios es de 35,3 por cada 100.000 habitantes, se instalaron escáneres en el puerto para detectar droga en los contenedores de carga destinados a Estados Unidos y Europa.

Según las proyecciones, Costa Rica cerrará 2023 con unas 900 muertes violentas y una tasa de 17 homicidios por cada 100.000 personas, en un país con 5,1 millones de habitantes.

El año pasado ya se alcanzó un récord con una tasa de 12,6 homicidios. El promedio mundial es de 8 por cada 100.000 personas, según la ONU.

Ante el agravamiento de la situación, siete proyectos de ley para reforzar la seguridad pública esperan análisis en el Congreso.

«Tormenta perfecta»

Zamora expresó que al asumir en el Ministerio de Seguridad, en mayo pasado, había la misma cantidad de agentes y recursos que en su etapa anterior en el cargo (2011-2014).

En 2013 hubo 407 homicidios, por lo que la cifra creció más del doble en una década. Es necesario «construir las bases de una policía profesional, capacitada» para obtener resultados a medio y largo plazo, consideró.

Con 17.000 efectivos, la Fuerza Pública (policía nacional) se enfrenta a un fenómeno criminal «profesionalizado» y «altamente violento», según Zamora.

«La Policía sabe y conoce normalmente las 340 bandas que operan en el país», precisó.

El director del OIJ, Randall Zúñiga, coincidió en que para equilibrar esa «lucha desigual» faltan recursos, capacitación y agentes. Se precisan en esta policía judicial 1.080 efectivos adicionales a los 3.500 actuales.

«No podemos tapar el Sol con un dedo», subrayó Zúñiga a la AFP, calificando la situación de «tormenta perfecta».

Álvaro Ramos, exministro de Seguridad, destacó la necesidad de invertir en educación, salud, prevención, presencia policial para ejercer un «ataque directo a la yugular» del crimen organizado.

«Si abandonamos a la población (…), los criminales organizados van a sustituir al Estado», advirtió.

Rafael Rojas, pintor de 62 años de edad, considera que la solución es clara: «Que inviertan en los pobres y los saquen de la pobreza. Es la principal arma. No es comprar armas, ni patrullas ni cárceles. Es hacer escuelas, comedores escolares y parques infantiles».