El escandaloso acuerdo con los separatistas catalanes que permite al socialismo español mantenerse en el poder

Según el acuerdo, Junts mantiene la legitimidad del referéndum sobre la independencia de Cataluña de España celebrado en octubre de 2017 y la posterior declaración de independencia, que los socialistas consideran legalmente nula

El Partido Socialista de España (PSOE) ha llegado a un acuerdo con el partido separatista catalán Junts per Catalunya que podría allanar el camino para que el primer ministro en funciones, Pedro Sánchez, forme un gobierno de coalición la próxima semana.

En el acuerdo, los partidos dicen que a pesar de sus «profundas diferencias», Junts ofrecerá sus siete votos en el parlamento para respaldar un gobierno liderado por Sánchez a cambio de una controvertida amnistía para los políticos y activistas catalanes que participaron en un intento fallido de Secesión de España en 2017.

Las elecciones generales no concluyentes de julio no dejaron un camino claro hacia el gobierno ni para la coalición de derecha ni para la de izquierda, pero con los siete votos de Junts, Sánchez puede reunir apoyo suficiente para aprobar la mayoría de 176 escaños en una votación de investidura.

En Bruselas, donde se llevan a cabo intensas negociaciones desde hace semanas, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, dijo que el acuerdo era una «oportunidad histórica para resolver un conflicto que sólo puede resolverse a través de la política».

Cerdán aseguró que su partido está «muy contento» con el acuerdo a pesar de lo difícil de las negociaciones, que se han desarrollado en Bélgica, donde reside el líder exiliado de Junts, Carles Puigdemont.

Puigdemont, hablando desde el mismo lugar de Bruselas donde se dirigió al público por primera vez tras su exilio en 2017, dijo que su partido y el PSOE compartían el objetivo de «contribuir a la resolución del conflicto histórico entre Cataluña y España», añadiendo que Junts estaba entrando en una «nueva fase sin precedentes» que el partido «exploraría y explotaría».

También aseguró que el camino a seguir será incierto y «lleno de dificultades».

Según el acuerdo presentado el jueves, Junts mantiene la legitimidad del referéndum sobre la independencia de Cataluña de España celebrado en octubre de 2017 y la posterior declaración de independencia, que los socialistas consideran legalmente nula.

Pero a pesar de lo que el texto describe como «desconfianza mutua» entre ambos partidos, han acordado entrar en una nueva fase de cooperación para garantizar que Sánchez pueda gobernar para un segundo mandato.

El acuerdo prevé un mecanismo de mediación «internacional» diseñado para monitorear y examinar todo el proceso de negociación entre ambas partes, y cualquier acuerdo posterior que puedan alcanzar.

España dividida por la amnistía

El acuerdo ha generado feroces críticas por parte de los partidos de oposición, que acusan a Sánchez de socavar el Estado de derecho al absolver delitos como malversación y mala administración para obtener beneficios políticos.

Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición que encabezó las encuestas en julio, dijo que Sánchez había «humillado» a España al cooperar con un prófugo de la justicia.

Dolors Montserrat, portavoz del PP en el Parlamento Europeo, dijo en la plataforma de redes sociales X que la medida marcaba el «comienzo del fin del Estado de derecho» en España y prometió que su partido seguiría denunciando el acuerdo en la Unión Europea. .

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, describió el acuerdo como un «cheque en blanco» para los separatistas.

Figuras políticas de la propia familia política de Sánchez también han expresado reservas sobre una ley de amnistía, incluido el expresidente Felipe González. Los expertos legales no están de acuerdo sobre si el proyecto de ley violaría la constitución española.

Una encuesta de opinión reciente sugiere que el 40% de los votantes socialistas se oponen a la amnistía, mientras que el 87% de los miembros del partido respaldaron la medida en una consulta formal.

Pero la vicepresidenta en funciones de España y socia de coalición de Sánchez, Yolanda Díaz, dijo en la plataforma de redes sociales X que después de meses difíciles, «la serenidad y la convivencia» habían vencido al odio.

En los últimos días se han producido protestas violentas en ciudades españolas, y también se han visto manifestaciones más pequeñas en la capital belga, donde se anunció el acuerdo.

La intervención de Bruselas

En una intervención inesperada, el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, dirigió una carta a los ministros españoles el miércoles solicitando más información sobre la posible ley de amnistía en medio de «serias preocupaciones».

La Comisión fue contactada por «un gran número de ciudadanos», dice la carta.

En respuesta, el Ministro de la Presidencia de España, Félix Bolaños, dijo que el proyecto de ley de amnistía era una propuesta de los grupos parlamentarios y que el actual estatus de gobierno en funciones le impedía presentar proyectos de ley al parlamento.

Cuando se le preguntó si la Comisión interferiría más, un portavoz dijo el jueves que la cuestión catalana «sigue siendo un asunto interno de España» y que «no es inusual que la Comisión solicite información bilateral a los Estados miembros sobre cuestiones en las que se expresan preocupaciones».

La Guardia Civil en contra del acuerdo

Ante los hechos, una de las asociaciones más representativas de la Guardia Civil, Aprogc (Asociación pro Guardia Civil) emitió un duro comunicado contra el pacto.

«Quienes tenemos los instrumentos para ejercer el monopolio de la fuerza entendemos que solo la Administración de Justicia tiene legitimidad constitucional y capacidad material para velar en este momento porque los principios superiores de nuestro ordenamiento jurídico recogidos en el artículo 9 de la Constitución no se conviertan en papel mojado», indica el texto. Y apuntan que están dispuestos a derramar «hasta la última gota de nuestra sangre en defensa del orden constitucional».

Los guardias civiles de esta asociación -que aglutina a muchos oficiales- «observamos esperanzados el compromiso y tenacidad del Poder Judicial para mantener su independencia y esperamos que encuentre el camino para preservar el Estado de Derecho. En su labor encontrarán nuestro firme e indudable compromiso, en aras de garantizar la igualdad ante la ley y su aplicación, especialmente ante quienes sistemática y arbitrariamente demuestran vocación de situarse por encima de todos y la ley».

«Observamos el pacto publicitado con profunda preocupación. Consideramos que pretende vaciar de contenido la misión constitucional que tenemos encomendada las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente la policía judicial. ¿De qué ha valido tanto sacrificio durante décadas en cumplimiento de nuestra misión constitucional si al final nuestros jefes políticos traicionan toda la sangre derramada y todo el esfuerzo realizado por los guardias civiles, por los policías y por los jueces y fiscales en los últimos 40 años? ¿Cómo vamos a creer en que deberemos y podremos hacer cumplir la ley ante este mensaje de impunidad y fomento de la desatención de las normas?».

Recuerda que el artículo 104 de la Constitución encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad «la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas y garantizar la seguridad ciudadana». «La forma de hacerlo está condicionada por nuestro juramento ante la Bandera como militares que somos: estando dispuestos a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional».

Con información de EuroNews y El Mundo.