El presidente Petro quiere cerrar la economía: Propone aumentar drásticamente los aranceles y revisar el TLC con Estados Unidos

El Gobierno de la extrema izquierda colombiana desplegó una agenda marcadamente proteccionista que pretende revertir el proceso de apertura comercial comenzando en las últimas dos décadas.

Las intenciones del Gobierno del presidente Gustavo Petro son claras: se apunta a cerrar la economía todo lo que sea posible. El diagnóstico oficialista considera que el flujo comercial con el mercado internacional es “perjudicial para campesinos y productores locales”, una lógica por la cual se viene pregonando desde la campaña electoral del socialismo.

Petro anunció formalmente que Colombia realizará los pasos necesarios para encauzar una revisión del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, aunque por el momento se evitará una renegociación integral. A través de la Oficina del Representante de Comercio estadounidense, Colombia presentó un pedido de revisión sobre cuatro grandes áreas: acceso a los mercados (aranceles y restricciones), reglas de origen, cláusulas de inversión extranjera directa y propiedad intelectual.

La revisión presentada por Petro tratará de valerse de la flexibilidad del tratado para aumentar las barreras a las importantes tanto como sea posible. El Gobierno desistió de una renegociación integral debido a las mayores dificultades para llevar a cabo cambios profundos, en vista a que el Gobierno de López Obrador intentó lo mismo pero no consiguió mayores modificaciones.

El TLC con Estados Unidos dinamizó las exportaciones colombianas y la afluencia de divisas, posibilitando así un despegue explosivo de los sectores con ventajas comparativas naturales, principalmente café y derivados, flores frescas, y más recientemente una gran variedad de servicios. Al mismo tiempo desalentó la inversión en los sectores menos competitivos, y por los cuales la sociedad colombiana se veía obligada a pagar precios más altos por productos de menor calidad.

El foco del oficialismo se centra en aumentar la protección arancelaria sobre el sector de la industria textil y los productos agropecuarios, encareciendo así el costo de vida de todos los colombianos a costa del enriquecimiento de un pequeño grupo de empresarios protegidos.

La vocación proteccionista del Gobierno de Petro no se limita al TLC con Estados Unidos, sino que pretende establecer aranceles para la totalidad del comercio bilateral. El Gobierno propuso un gravámen de hasta el 40% para los bienes textiles, una tasa incluso más elevada que el 35% máximo que se aplica en la zona del Mercosur (una región que ya es proteccionista de acuerdo a estándares internacionales).

No conforme con la propuesta de aranceles arbitrarios, el Gobierno hizo una petición incluso más escandalosa: pretende aumentar los aranceles a la importación para “combatir el aumento de las tasas de interés”, un diagnóstico completamente disparatado y pseudocienfítico que no tiene sustento por ninguna teoría convencional.

En respuesta a que el Banco de la República aumentó su tasa de política monetaria hasta el 13,25% nominal anual, Petro confía en que los aranceles “dinamizan la actividad económica” y conllevan a un efecto expansivo que contrastaría con el efecto recesivo de la suba de tasas. Pero no hay evidencia de que los aranceles puedan dinamizar la actividad, más bien todo lo contrario.

El exministro de Agricultura Andrés Valencia se pronunció al respecto de las propuestas oficialistas y advirtió por un brutal encarecimiento de la canasta básica alimentaria para los sectores más pobres, especialmente en un contexto inflacionario extremadamente delicado (la inflación general de Colombia es del 12,8% pero en alimentos asciende a más del 18%).

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