El régimen socialista en Bolivia busca aprobar una ley que criminalizaría la protesta con hasta 25 años de prisión

La semana que viene se debatirá en el Congreso un proyecto de ley que permitirá señalar como “terroristas” a cualquier persona que intente “subvertir el orden social”, con un cuarto de siglo de condena.

La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) denunció esta semana que el proyecto de ley número 280, presentado por el gobierno socialista de Luis Arce y tiene el nombre de “Ley de Fortalecimiento a la Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”, criminaliza y penaliza las protestas sociales.

“De la forma en que está redactado el tipo penal de terrorismo, se criminaliza la protesta social. Cualquier grupo de personas que estén haciendo una protesta social, puede ser acusado por fiscales y jueces que responden al MAS y por denuncias del Gobierno“, denunció el diputado opositor Carlos Alarcón.

“Así estarían intimidando a algún sector de la población con el objetivo de que no se realice un acto del Gobierno nacional y si esto se hace a través de una acción que restrinja libertades, eso sería considerado (un acto de) terrorismo con un castigo de 20 a 25 años de prisión y decomiso o confiscación de los bienes de las personas que sean condenadas sin siquiera tener sentencia condenatoria ejecutoriada”, remató.

Bolivia es hoy una dictadura. Desde la vuelta del MAS al poder de la mano de Luis Arce, esbirro de Evo Morales, la nación boliviana se ha tornado en una brutal dictadura donde los principales opositores políticos están detrás de las rejas.

Primero fue Jeanine Añez, la ex presidente y principal rival de Evo Morales. Después fueron varios líderes cívicos, y más recientemente, cayó el líder de la oposición y actual gobernador del departamento de Santa Cruz, el derechista Luis Camacho.

Sin posibilidad de apelación y sin cargos reales en su contra, Camacho, Añez, y tantos más se convirtieron en la población carcelaria de un país que cayó en el mismo camino que Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ahora, con esta ley, buscará trasladar la persecución política no solamente a los dirigentes, si no a cualquiera que busque protestar.

La Ley Número 280, es una respuesta a la denominada “ley maldita 218”, que entre octubre y noviembre de 2021 generó rechazo y una ola de protestas de sectores productivos y organizaciones sociales en todo el país contra el Gobierno. Las medidas de presión obligaron al oficialismo a dejar sin efecto la normativa.

“Éste es el que está reemplazando al famoso proyecto de Ley 218, que fracasó hace un año atrás. ¿Cuál es el problema? El problema es que con cuatro figuras penales se quiere implantar la dictadura en el país”, sostuvo Alarcón.

Este proyecto modifica las figuras penales del Código de Procedimiento Penal de terrorismo, financiamiento al terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas, decomiso y confiscación de bienes, para abarcar a las personas que son detenidas protestando en contra del Gobierno.

El artículo dos que modifica esos tipos penales, en su punto II se refiere al terrorismo y a las sanciones de este tipo penal bajo la siguiente redacción: “Será sancionada con privación de libertad de 20 a 25 años y decomiso de los bienes que sean producto o instrumento del delito, la persona que intimide, coloque o mantenga en estado de alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella, con el fin de subvertir el orden constitucional, deponer el gobierno elegido constitucionalmente o obligar a un gobierno nacional, extranjero u organización internacional a realizar o abstenerse de realizar algún acto, por medio de una o varias de las siguientes conductas”, se lee en el proyecto de Ley 280.

Son siete incisos que detallan esas conductas penales, que incluye un artículo que interpreta a las protestas como la “ejecución de acciones con el fin de provocar muerte, lesiones o restricción de la libertad de las personas“, elevando su respectiva condena a los 20 a 25 años de prisión.

También eleva las penas para cualquier acción, individual o colectiva, que incluya “detonar artefactos explosivos contra bienes públicos o privados; apoderarse de una aeronave, medio de transporte terrestre o buque mediante violencia o amenaza; detener a otra persona en condición de rehén y amenazar con su vida; ejecutar un acto de violencia contra una o más personas en un aeropuerto, que cause daños o muerte, que destruya o cause graves daños a la instalación de un aeropuerto o de una nave“.

El proyecto de ley será tratado en la Comisión de Constitución el próximo 4 de abril, y se esperan protestas masivas en el país a medida que dicha legislación vaya avanzando en el Congreso. Cabe destacar que Santa Cruz sigue en protesta hace meses por la detención de su gobernador de manera arbitraria.

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