Expulsión del personal de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU aumenta desprotección de las víctimas

En medio de descalificativos, el canciller Yván Gil fue el encargado de anunciar la expulsión de los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) de Venezuela, la suspensión de sus actividades en el país y la revisión del memorando de entendimiento firmado con esta instancia. La decisión, para diversas ONG nacionales, es desproporcionada y afecta en mayor medida a la sociedad civil y las víctimas de violaciones de DDHH.

Por Tal Cual

Según la Cancillería venezolana, la Oficina técnica del Alto Comisionado «se ha desviado de su mandato», se convirtieron «en el bufete particular de grupos golpistas» y «falsearon hechos y precalificaron situaciones» sobre el país.

Para la administración de Nicolás Maduro, el trabajo que debería hacer esta instancia independiente de la ONU es «combatir los efectos» de las sanciones y denunciar las conspiraciones contra las autoridades venezolanas.

Sin embargo, el mandato del Alto Comisionado Volker Türk y la Oficina que encabeza no es tal. Como lo expresan en su página, el Oacnudh representa «el compromiso del mundo para la promoción y protección del conjunto total de derechos humanos y libertades establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos».

Sobre la ayuda que brindan a los gobiernos como parte de su mandato, aclaran que se orienta a «evitar abusos y contribuimos a mitigar las situaciones que pueden desembocar en un conflicto (…) También ofrecemos desarrollo de capacidades y asesoramiento jurídico a miles de personas, apoyando el desarrollo y la promulgación sensata de leyes y políticas en todo el mundo».

Ese asesoramiento jurídico, en el caso venezolano, se tradujo en decenas de talleres y cursos a instituciones venezolanas y cuerpos de seguridad. La última revisión de los términos de la cooperación y asistencia técnica se hizo en octubre de 2023. Ninguno de los memorandos de entendimientos firmados durante la gestión de Michelle Bachelet o Volker Türk se han hecho públicos.

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