Operación antidrogas o intervención militar: las dudas que deja despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela
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Expertos señalan que la estrategia del presidente Donald Trump combina objetivos contradictorios: presionar militarmente a Maduro mientras busca su cooperación en la repatriación de migrantes venezolanos y oportunidades para las multinacionales del petróleo.
La administración de Donald Trump ha intensificado en los últimos días lo que ya era el mayor despliegue naval estadounidense en el Caribe de las últimas décadas, con más de 7 embarcaciones de guerra, 2 submarinos nucleares y cerca de 9.000 hombres que van camino, o ya están posicionados, en aguas próximas a Venezuela.
Aunque el Pentágono sigue insistiendo en que el objetivo de la operación es el combate contra los carteles de drogas y redes criminales, designados recientemente como “organizaciones narcoterroristas”, la magnitud de la fuerza ha encendido las alarmas sobre un posible escenario de confrontación con el gobierno de Nicolás Maduro.
Fuentes en esta dependencia le confirmaron a EL TIEMPO el envío del barco crucero USS Lake Erie, con capacidad para lanzar y destruir misiles balísticos, al igual que el USS Newport News, submarino nuclear de ataque rápido.
Ambas naves llegarán al sur del mar Caribe a comienzos de la próxima semana, confirmaron fuentes oficiales.
Previamente había sido desplegada la Fuerza Anfibia de Ataque Rápido Iwo Jima, que integran el buque de asalto USS Iwo Jima, el de transporte USS San Antonio y el de desembarco USS Fort Lauderdale, en la que viaja la Unida Marítima Expedicionaria número 22 (MEU por su sigla en ingles).
El destacamento va respaldado por tres barcos destructores -el USS Jason Dunham, el USS Gravely y el USS Sampson- así como por otro submarino nuclear no identificado.
De acuerdo con las fuentes, el despliegue total de hombres sumaría cerca de 8.500 efectivos: 2.700 en el Iwo Jima, 1.000 en el San Antonio, 1.000 en el Fort Lauderdale, de a 300 tripulantes en cada uno de los tres destructores, el barco crucero y los submarinos nucleares, al igual que otros 2.200 miembros del MEU.
El despliegue se completa con aeronaves de patrulla marítima P-8 Poseidón, que realizarán misiones de vigilancia electrónica y detección de embarcaciones, y contingente adicional de tropas y personal de inteligencia.
“Enviar este tipo de contingente para luchar contras los carteles y detener lanchas rápidas es el equivalente a presentarse con un cañón a una pelea con cuchillos», decía recientemente una fuente militar citada en un reporte del diario The New York Times.
James Stavridis, exjefe del Comando Sur, precisamente el órgano que lidera este operativo, lo puso en estos términos: «Solo con enviar a los tres destructores frente a las costas de Venezuela el presidente Trump está llevando una seria capacidad de ataque terrestre, con sofisticadas capacidades de inteligencia, seis helicópteros de última generación, miles de marineros y un sistema avanzado de mando y control para ejecutar operaciones antidrogas en el mar”.
Los destructores, que han participado en operaciones recientes en el mar Rojo y el Pacífico, cuentan con más de 90 misiles Tomahawk, helicópteros MH-60 Seahawk y sistemas avanzados de defensa.
El Pentágono, ahora, ha evitado dar detalles sobre las reglas de enfrentamiento o los objetivos específicos de la misión.
Sean Parnell, su portavoz, se limitó a señalar que “los carteles han generado violencia histórica y terror en todo el hemisferio”, y que la operación busca garantizar la seguridad del territorio estadounidense.
En Caracas, Nicolás Maduro denunció que Estados Unidos prepara un plan de agresión militar contra Venezuela, y respondió anunciando la movilización de 4,5 millones de milicianos para la “defensa integral” del país“.
Maduro sostiene que la ofensiva naval de Washington es un pretexto para intentar un cambio de régimen, y advirtió que Venezuela “responderá con dignidad” a cualquier provocación.
¿Qué busca Estados Unidos con el despliegue militar?
Analistas militares advierten que la magnitud del despliegue recuerda episodios como el incidente del golfo de Tonkín en 1964, que derivó en la escalada militar en Vietnam, o la invasión de Panamá en 1989, cuando más de 27.000 soldados estadounidenses derrocaron al general Manuel Noriega, acusado también de narcotráfico.
Otros expertos señalan que la estrategia de Trump combina objetivos contradictorios: presionar militarmente a Maduro mientras busca su cooperación en la repatriación de migrantes venezolanos y oportunidades para las multinacionales del petróleo.
Al mismo tiempo, señalan como la estrategia podría estar encaminada a provocar un golpe interno contra Maduro, o algún tipo de insurrección que Washington podría respaldar con el despliegue militar que está amasando en las costas venezolanas.
En cualquier caso, la movilización y su fin último ha abierto un intenso debate jurídico en torno a su legalidad en el ámbito interno y en el derecho internacional.
La administración Trump sostiene que el objetivo es combatir a los carteles de la droga, designados por Washington como “organizaciones narcoterroristas”.
Sin embargo, expertos advierten que la escala de la operación y el discurso contra Nicolás Maduro sugieren que podría tratarse de un movimiento hacia un cambio de régimen, lo que plantea dilemas legales complejos.
¿Qué riesgos latentes trae la posible incursión en Venezuela?
En el plano interno, juristas recuerdan que el Congreso estadounidense no ha autorizado el uso de la fuerza militar contra Venezuela, ni contra grupos criminales en la región. A diferencia de Al Qaeda o el Estado Islámico, para los cuales existe una autorización formal (AUMF, por sus siglas en inglés) desde 2001, las organizaciones de narcotráfico no cuentan con un marco legal que habilite acciones bélicas.
Según le dijo el exabogado del Departamento de Estado Brian Finucane al NYT, “si la administración deliberadamente provoca un enfrentamiento con Venezuela, eso no puede considerarse defensa propia, y por lo tanto debería requerir aprobación del Congreso”.
En el plano internacional, la situación es aún más delicada. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe expresamente el uso de la fuerza contra la soberanía de otros Estados, salvo en casos de autodefensa o con autorización del Consejo de Seguridad.
Washington ha tratado de encuadrar la operación a propósito de la lucha contra el narcotráfico transnacional, alegando que estas redes representan amenaza directa a su seguridad nacional. Sin embargo, analistas subrayan que el narcotráfico no constituye por sí mismo un ataque armado, lo que complica la justificación bajo la doctrina de la autodefensa.
La designación de carteles y bandas como el Tren de Aragua o el Cartel de Sinaloa como “organizaciones terroristas” busca ampliar los márgenes de acción militar.
Pero jurídicamente la etiqueta de “terrorismo” no crea automáticamente nuevas facultades para usar la fuerza. En la práctica, habilita sanciones financieras o bloqueos de activos, pero no sustituye la autorización legislativa ni las normas del derecho internacional humanitario.
En este contexto, el riesgo es que la operación antidrogas sea percibida como un pretexto legal para aumentar la presión militar sobre Maduro, quien ya ha sido acusado de “narcoterrorismo” por tribunales estadounidenses.
Si el despliegue militar derivara en enfrentamiento abierto o en intento de derrocar a Maduro, Estados Unidos podría ser acusado de violar su propio marco constitucional y las normas internacionales que rigen el uso legítimo de la fuerza.
Pero si algo ha demostrado Trump en estos siete meses que lleva de su segundo mandato en la Casa Blanca es su disposición a desafiar la normativa estadounidense y la internacional.
Esas doctrinas y leyes, por ejemplo, no le impidieron bombardear recientemente las centrales nucleares en Irán o a los hutíes en Yemen, aunque en estos casos la amenaza para la seguridad nacional era más directa.
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