Transparencia Venezuela revela operaciones clandestinas de comercio ilícito de petróleo en el país
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La organización no gubernamental Transparencia Venezuela ha publicado un informe alarmante que expone el funcionamiento de una red de comercio ilícito de petróleo en el país, revelando la existencia de al menos 36 buques «furtivos» que operan de manera clandestina en los principales puertos venezolanos. Este estudio, que monitoreó las operaciones durante el mes de julio, destaca cómo esta «flota oscura» logra evadir las sanciones internacionales impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.
El informe, disponible en la página web de la ONG, detalla que se detectaron 92 tanqueros cerca de ocho terminales petroleras en Venezuela, con una concentración notable en los puertos de Amuay, Punta Cardón y el complejo petroquímico de José. La opacidad de estas operaciones es evidente, ya que 24 de los buques no contaban con su identificador internacional (IMO), mientras que 12 fueron catalogados como «furtivos» por expertos en riesgo marítimo.
La mayoría de estas embarcaciones navega bajo banderas de países con regulaciones laxas, como Panamá, Islas Comoras y Liberia. Este hecho plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y la legalidad de las operaciones en el sector petrolero venezolano.
Uno de los métodos principales utilizados por esta red es la desconexión del sistema de rastreo AIS (Automatic Identification System), lo que impide conocer la ubicación exacta de los buques y la magnitud real de sus operaciones. Esta práctica sistemática facilita la evasión de las sanciones internacionales, permitiendo que los buques continúen operando sin ser detectados.
El informe también destaca la presencia de navíos que ya se encontraban en las listas de sancionados, como el Rosalin y el María Cristina, así como el Bandra, un buque que navega con doble identidad y ha sido vinculado a la «flota oscura» de Rusia. La detección de estos buques confirma el uso de redes clandestinas para la exportación de petróleo, principalmente hacia países como China, Cuba, Países Bajos y Rusia.
Además, el informe documenta cinco operaciones de transferencia de crudo entre buques («ship-to-ship») en la bahía de Amuay, en las que participaron 24 embarcaciones que no eran detectadas por el sistema AIS. Estas maniobras, que son altamente riesgosas, sirven para ocultar el origen del petróleo y complicar aún más la trazabilidad de las operaciones.
El monitoreo realizado por Transparencia Venezuela también revela que estas prácticas ilícitas aumentan el riesgo de desvío de recursos públicos. Esta situación coincide con la falta de una licencia de operaciones para Chevron, lo que ha llevado a la administración chavista a buscar alternativas en el mercado negro para la comercialización de su crudo.
A pesar de la evidente opacidad de las operaciones, el gobierno de Nicolás Maduro reportó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) un incremento en la producción de crudo a 1.084.000 barriles diarios en julio. Sin embargo, esta cifra contrasta con la profunda crisis económica que atraviesa el país, caracterizada por una depreciación del bolívar del 57,25% en solo siete meses, una inflación acumulada del 229% y una contracción económica proyectada del 4% para el próximo año.
La situación actual del sector petrolero en Venezuela plantea interrogantes sobre la transparencia y la legalidad de las operaciones en un contexto de crisis económica y sanciones internacionales. La revelación de estas prácticas ilícitas por parte de Transparencia Venezuela subraya la necesidad de una mayor vigilancia y regulación en el comercio de petróleo, así como la importancia de abordar la corrupción y la falta de rendición de cuentas en el país.
En conclusión, el informe de Transparencia Venezuela no solo pone de manifiesto la existencia de una red de comercio ilícito de petróleo, sino que también resalta la urgencia de implementar medidas efectivas para combatir la corrupción y garantizar la transparencia en el sector. La comunidad internacional y los organismos de control deben prestar atención a estas revelaciones y trabajar en conjunto para abordar los desafíos que enfrenta el país en su búsqueda de una gestión más responsable y sostenible de sus recursos naturales.
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