Congreso de Perú aprueba acusación constitucional contra Castillo y se inicia un tercer intento de destitución

Castillo está en libertad únicamente por los fueros que tiene por ser presidente. Ya sobrevivió dos mociones de vacancia y ahora, con solo 12 meses en el cargo, deberá enfrentar una acusación constitucional.

El Congreso de Perú aprobó en la noche del viernes una acusación constitucional contra el presidente comunista Pedro Castillo por las reiteradas denuncias de corrupción, lo que podría conducir a un nuevo pedido de destitución en tan solo 12 meses en el cargo.

En el informe la Comisión de Fiscalización y Contraloría propone que se “formule Acusación Constitucional ante el Pleno contra el Presidente José Pedro Castillo Terrones, por la presunta comisión del delito de organización criminal, colusión y negociación incompatible“, algunos de los tantos crímenes que cometieron los miembros del círculo más cercano del mandatario.

El texto fue aprobado por 72 parlamentarios a favor, 40 en contra, y cero abstenciones, y es la primera vez que se utiliza este recurso contra el mandatario izquierdista. En el pasado, el Congreso ya intentó en dos oportunidades destituirlo con una moción de vacancia, pero falló gracias al apoyo de los partidos centristas.

Esta vez sin embargo, la moción vendría acompañada de una acusación constitucional por serios delitos al frente de la presidencia, lo cual debería llevar a que más parlamentarios le suelten la mano a riesgo de quedar pegado en su red de corrupció.

Según el documento presentado que consta de 360 páginas, Castillo “direccionaba” con un grupo de colaboradores de su entorno inmediato la concesión de contratos de obras públicas para llevarse una coima, además de orden la aprobación de ascensos militares salteándose varios órdenes de jerarquía, con el objetivo de purgar a las Fuerzas Armadas de sus miembros anticomunitas.

La misma comisión del Parlamento también recomienda que el expediente sea remitido a la Fiscalía de la Nación “a efectos de que emita el pronunciamiento correspondiente”. El Ministerio Público Fiscal, un ministerio autónomo en Perú, investiga a Castillo por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada por una causa que involucra a su entorno político y familiar.

La fiscal Patricia Benavides Vargas asegura ya tener todo para llevar a Castillo tras las rejas, pero no tiene permitido presentarlo ante la Justicia mientras el mandatario tenga inmunidad por los fueros legales que entrega ser Jefe de Estado. Su mandato de 5 años recién termina en 2026.

En uno de los casos mencionados por la comisión de Fiscalización, conocido como “Puente Tarata III“, se determinó que un exministro de Transportes, seis legisladores, un exsecretario general de la Presidencia y dos sobrinos de Castillo integraban una red criminal encabezada por el presidente para conceder un contrato de obras públicas con sobreprecios, y se está investigando si esta práctica estaba institucionalizada o si fue la primera vez que lo hacían.

Los cuatro investigados del entorno del presidente están prófugos tras dictarse una orden de prisión preventiva contra ellos, y el propio Castillo debería estar preso de manera preventiva, ya que en libertad puede influir en la causa, pero no puede ser arrestado por los fueros.

Esta misma semana, Benavides Vargas anunció que se investigarpa al presidente Castillo por el presunto delito de tráfico de influencias en los ascensos militares, y lo citó a declarar para el 4 de agosto.

Castillo, que ganó las elecciones frente a la derechista Keiko Fujimori en una segunda vuelta muy ajustada, inició su mandato el 28 de julio de 2021. Desde entonces, prácticamente no ha presentado ninguna ley en el Congreso ni ha intentado implementar medidas, si no que se ha dedicado pura y exclusivamente a robarle al Estado.

Hay tanta evidencia en su contra que está en libertad únicamente por los fueros que tiene por ser presidente, y en apenas doce meses ya ha tenido que enfrentar dos votaciones de destitución en el Congreso, y ahora una acusación constitucional.

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