¿Qué implicaciones tiene la suspensión de la oficina del Alto Comisionado de DDHH de la ONU en Venezuela?

La decisión del gobierno de Venezuela de suspender las actividades de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ACNUDH) en Caracas afecta a las víctimas de violaciones a los DDHH en el país y podría contribuir al “cierre” del espacio cívico, coinciden defensores de derechos fundamentales.

Por Carolina Alcalde / vozdeamerica.com

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, denunció el jueves que la oficina del ACNUDH ha tenido una posición “sesgada”, la acusó de convertirse en el “bufete particular de los grupos golpistas y terroristas” que confabulan contra el país” y anunció que en los próximos 30 días se revisarán los términos de la cooperación técnica.

Ali Daniels, profesor de derecho internacional humanitario y co director de Acceso a la Justicia, una asociación civil dedicada a monitorear la administración de justicia y el Estado de derecho en el país, estima que una de las principales repercusiones de la suspensión de actividades de esa instancia es que los ciudadanos quedan en situación de indefensión.

“Era un órgano internacional al cual podían acudir estando aquí en Venezuela para denunciar violaciones de DDHH. Esto va a dejar en indefensión tanto a quienes quieren hacer denuncias de nuevas violaciones a los DDHH y a quienes ya habían presentados sus casos”, afirma consultado por VOA.

“A partir de ahora la orfandad de los ciudadanos es mucho mayor y las perspectivas de los derechos humanos en el país son muy ominosas”, opina.

Para Ezequiel Monsalve, coordinador de Litigio Internacional de Defiende Venezuela, una organización que denuncia violaciones de DDHH cometidas en el país ante el Sistema Interamericano, a pesar de los matices de algunos informes presentados por el ACNUDH, en medio de las limitantes impuestas por el Estado, la labor de la misión fue positiva.

“Al no tener a la misión los defensores nos encontramos más en riesgo, mucho más preocupados por el impacto que puede tener en nuestro trabajo, nuestra seguridad personal. La presencia de la misión para bien o para mal era importante”, manifestó Monsalve a VOA.

Los abogados coinciden en que la oficina ha jugado un rol importante para las víctimas ante la falta de asistencia integral, independiente e imparcial de organismos como la Defensoría del Pueblo.

“Tenemos que acudir a otras instancias de manera supletoria para tratar de generar acceso a la justicia, verdad o incluso una reparación”, explica Monsalve.

El gobierno venezolano y la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, firmaron el año pasado un memorando de entendimiento para concretar la instalación de una oficina de cooperación técnica de la fiscalía de la CPI en Caracas. Ahora, tras la suspensión de las actividades de la oficina del ACNUDH, se desconoce si habrá repercusiones.

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